Hace unos días, un medio universitario me contactó para consultarme sobre algunos aspectos puntuales para un balance de cultura del gobierno saliente de Gustavo Petro publicado recientemente. A partir de cinco preguntas, compartí una lectura amplia que no buscaba solo responder, sino situar la conversación en sus coordenadas conceptuales y técnicas a partir de mi experiencia profesional. En tiempos en los que la política pública cultural suele quedar atrapada en lo ideológico y en disputas de énfasis y logros, considero indispensable volver sobre los matices. Desde esa responsabilidad profesional, comparto aquí mis respuestas completas a los temas sobre los que fui consultada.
Pregunta 1 – Uno de los debates que dejan los últimos dos gobiernos es cómo equilibrar los derechos culturales con la sostenibilidad económica del sector. ¿Cómo debería construirse una política pública que garantice el acceso a la cultura y, al mismo tiempo, fortalezca economías culturales capaces de ofrecer condiciones de trabajo dignas para artistas, gestores y organizaciones?
Toda política pública cultural y artística, en el marco de un Estado Social de Derecho, debería orientar sus planes, programas y proyectos a fortalecer la garantía de los derechos culturales —identidad cultural; acceso y participación en la vida cultural de las comunidades; libertad de expresión, creación y producción cultural; y participación en las decisiones sobre políticas culturales—, al tiempo que promueve los derechos económicos de trabajadores de la cultura y las artes, aquí están incluidas condiciones laborales dignas y el acceso a la seguridad social.
Desde enfoques o miradas absolutas o excluyentes resulta muy difícil equilibrar exitosamente los derechos culturales y económicos. Se requiere políticas públicas sectoriales que apuesten por la complementariedad de mecanismos e instrumentos, y que superen los sesgos ideológicos desde los cuales suele abordarse en lo cultural. Todos estos son esfuerzos que necesitan miradas interdisciplinarias, no solo desde lo artístico y lo cultural, y que sean capaces de articular lo técnico y propio de la gestión pública de la cultura.
Entre muchos otros aspectos, las políticas sectoriales deben planificarse y ejecutarse siempre de manera articulada con las entidades culturales departamentales y municipales. Aunque los recursos nacionales para la cultura han aumentado, siguen siendo insuficientes; por eso, es fundamental sumar esfuerzos con los territorios para ampliar los recursos y potenciar los impactos. No todo puede resolverse desde el nivel nacional.
En cuanto a la garantía de los derechos económicos de actores culturales, la política pública puede promover el emprendimiento para quienes opten por ese camino, en articulación con entidades cuya misión se oriente a ese fin, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A la vez, incorporar un foco específico de trabajo y medidas diferenciadas para el tejido empresarial cultural sin ánimo de lucro, integrado por fundaciones, corporaciones, asociaciones y cooperativas. Y es igual de importante, seguir impulsando los mecanismos legales para avanzar en la formalización del trabajo cultural, incluida la reglamentación del artículo 41 de la reforma laboral que deja el gobierno saliente.
De lo que se trata es de construir un modelo de política sólido que promueva los derechos económicos de gestores, artistas y trabajadores de la cultura mediante distintos mecanismos, no solo desde el emprendimiento, y que al mismo tiempo garantice sus derechos culturales y los de la ciudadanía. Como suelen decir artistas y gestores en los territorios “es necesario poder vivir de lo que se hace” sin que ello implique cosificar lo artístico y lo cultural ni reducirlo a su valor de mercado. Encontrar ese equilibrio debería ser una tarea central de cualquier política pública cultural y artística.
Pregunta 2 – Durante este gobierno el Ministerio planteó un giro hacia la participación y los territorios. El gobierno entrante propone fortalecer mercados, circulación e internacionalización para reducir la dependencia de los recursos públicos. ¿Crees que estamos ante dos modelos distintos de política cultural o una política sólida debería integrar ambas dimensiones?
Hay varios elementos que conviene poner sobre la mesa. Lo primero es entender que, más allá del gobierno de turno, la misión principal del Ministerio de las Culturas es garantizar los derechos culturales de toda la ciudadanía y que incluye a quienes estamos vinculados directamente con las artes y la cultura. Esa misión está definida por decreto y su cumplimiento no es opcional, responde a un mandato constitucional.
Sin embargo, cada gobierno, según su orientación política, pone el énfasis en una forma particular de entender esos derechos y de definir cómo deben garantizarse. En un escenario electoral, esa diferencia suele generar tensiones, pues abre una disputa sobre la mirada que debe orientar las políticas culturales desde la institucionalidad. A esto se suma que en Colombia aún no estamos suficientemente familiarizados con la noción de derechos culturales; incluso dentro del propio sector público, muchas veces no hay claridad sobre cuáles son estos derechos, ni sobre lo que implica garantizarlos y medir su cumplimiento.
En segundo lugar, durante la época de la economía naranja predominó una visión que entendía las industrias creativas y culturales como vehículo de la política cultural institucional y en la que el concepto de derechos culturales quedó en un segundo plano. Bajo ese enfoque naranja, las expresiones y prácticas culturales y artísticas tendieron a reducirse a bienes y servicios comercializables, asociados sobre todo al emprendimiento individual y a una lógica empresarial y gerencial. Generar ingresos a partir del trabajo cultural no es, por supuesto, un problema; tampoco lo es hacerlo mediante modelos de emprendimiento. La dificultad aparece cuando esa mirada económica se vuelve absoluta y se pretende que artistas, sabedores y portadores de tradición actúen únicamente como agentes económicos, como si el valor de lo que hacen dependiera solo de su precio en el mercado, de su capacidad para constituirse en empresa o de su llegada a grandes escenarios.
Cuando la política pública cultural se diseña desde el Estado o el Ministerio sin experiencia directa en el campo cultural y artístico o sin comprender la sensibilidad de lo cultural, suele imponerse con facilidad enfoques unívocos. Se quiera o no, siempre hay una curva de aprendizaje inevitable que todos hacen —desde directivos hasta contratistas— cuando llegan a trabajar en el sector público cultural y son los mismos artistas, sabedores, portadores, gestores culturales quienes se encargan de enseñarte eso. Por esto, es de enorme importancia contar con mecanismos y espacios amplios que faciliten la conversación con todos los actores culturales y no encerrarse en una única mirada.
Ahora, en el Ministerio de las Culturas del gobierno saliente de Gustavo Petro también se continuó fortaleciendo los mercados, la circulación y la internacionalización de lo cultural y lo artístico, aunque desde un énfasis distinto. Se mantuvieron instrumentos heredados de la economía naranja, como la Corporación Cocrea, pero hasta donde se dijo en el informe de rendición de cuentas institucional, su operación fue ajustada para facilitar el acceso y beneficio de actores culturales de municipios pequeños. Asimismo, se creó e inició la implementación del Sistema Nacional de Circulación y se impulsó la economía popular como una mirada económica de lo cultural diferente a la de las industrias culturales, orientada a integrar su valor social y económico desde el trabajo cooperativo y colaborativo.
Sin embargo, como ocurrió con la economía naranja, la noción de economía popular resultó difícil de apropiar, no siempre fue claro en qué consistía ni qué resultados concretos buscaba. Esto suele suceder cuando la política pública se concentra en disputas de resignificación conceptual, pues se invierte más tiempo en explicar el nuevo aparataje conceptual que en diseñar y ejecutar acciones capaces de producir transformaciones y desarrollo cultural en las regiones.
Considero que uno de los principales retos del gobierno y de la ministra de las culturas entrantes será definir con claridad su agenda pública en materia cultural. Podrían volver sobre la economía naranja y su fuerte énfasis en las industrias culturales y creativas, pese a que este enfoque sigue siendo especialmente sensible para un gran parte de los actores del campo cultural y artístico. También podrían reconocer y dar continuidad a los avances sociales de la cartera saliente, orientados a municipios pequeños, zonas afectadas por el conflicto y actores culturales diversos. Si existe un interés genuino por fortalecer el desarrollo cultural —y no solo por disputar réditos políticos—, este momento abre una oportunidad para integrar lo mejor de ambos enfoques en la política cultural institucional robusta.
Pregunta 3 – Las rendiciones de cuentas suelen destacar indicadores como presupuesto ejecutado, número de beneficiarios y cobertura territorial. Desde una perspectiva técnica, ¿Cuáles deberían ser los criterios para evaluar si una política cultural realmente produjo transformaciones sociales y culturales de fondo?
El sector público cultural en Colombia tiene un rezago importante en sus modelos de seguimiento y evaluación de impacto de políticas, planes y programas culturales y artísticos.
Existen mediciones nacionales relevantes, como la Cuenta Satélite de Cultura, pero estas no alcanzan a reflejar la integralidad de lo cultural ni la amplitud de su impacto. Sus datos más citados -por todos los gobiernos- suelen ser el aporte de la cultura al Producto Interno Bruto y la ocupación laboral del sector. También hay mediciones departamentales y municipales que valoran la cultura por su capacidad para dinamizar el turismo, a partir de indicadores como la ocupación hotelera o la activación del comercio local durante grandes eventos, como el Carnaval de Barranquilla o la Feria de las Flores. Estos datos son útiles, pero insuficientes; permiten estimar la contribución económica de la cultura, pero no ayudan a comprender su valor propio, su impacto social, simbólico y comunitario.
Por ejemplo, un festival, un carnaval o un circuito cultural no importan solo por los recursos que movilizan durante su realización ni por el número de asistentes. Su valor también está en todo lo que activan antes, durante y después del evento: las comunidades se preparan durante semanas o meses, transmiten oficios y saberes entre generaciones, crean de manera colectiva, aprenden a tomar decisiones comunes, fortalecen liderazgos y, muchas veces por falta de recursos, desarrollan prácticas ambientales como la reutilización anual de vestuarios y utensilios. En esto reside buena parte del valor de lo cultural; sin embargo, casi nada de eso se estima, ni se mide, ni se reporta en grandes balances o rendiciones de cuentas.
Por otra parte, las mediciones internas del Ministerio de las Culturas sirven principalmente para monitorear la gestión y los productos (a cuántas personas llegan los programas, en qué territorios, cuántos espacios de circulación se habilitan o cuántas acciones se realizan). Pero, esos datos no permiten estimar el alcance de la cultura y las artes en la transformación de realidades y en el cumplimiento rigurosos de los derechos culturales. Suele confundirse la producción de bienes públicos con desarrollo o transformación cultural.
Construir diez bibliotecas, por ejemplo, no implica por sí mismo progreso cultural si esos espacios permanecen vacíos, no inciden en las comunidades donde están ubicados o carecen de recursos para funcionar. En la gestión pública, el impacto cultural no se mide por el número de bibliotecas construidas o abiertas, sino por la evidencia que demuestre cómo han contribuido a transformar la vida de quienes las visitan: en el uso del tiempo libre, en el desarrollo de capacidades creativas, en el fortalecimiento del tejido comunitario u otros procesos similares. Ese tipo de impacto suele mostrarse en productos de comunicación, pero no se mide ni se respalda con evidencia técnica desde las instituciones culturales. Y, querámoslo o no, las decisiones políticas y públicas sobre financiación se basan en mediciones e indicadores.
Por eso, quien lidere la política cultural desde la institucionalidad nacional debería considerar estos elementos y destinar recursos a la construcción de un sistema de medición de impacto que reconozca la amplitud de los aportes de la cultura, tanto como medio o herramienta como fin en sí misma. No se trata de una tarea imposible, se puede avanzar mediante transferencias de conocimiento y metodologías de otros países, así como mediante un trabajo articulado con el sector académico. Para lograrlo se necesita conocimiento, visión estratégica, paciencia y voluntad política. En lo cultural y en lo social, nada ocurre en el corto plazo.
Pregunta 4 – Uno de los objetivos declarados del Mincultura saliente fue fortalecer la participación de territorios excluidos en la construcción de las políticas culturales. ¿Consideras que hubo avances reales en la gobernanza cultural o persisten problemas estructurales de articulación entre la Nación, los departamentos y los municipios?
Hubo avances en la descentralización de recursos para la cultura y en la manera cómo se hizo. El Ministerio saliente logró llevar convocatorias y activar acciones situadas en municipios pequeños, especialmente de categorías 4, 5 y 6. La descentralización cultural se vinculó con instrumentos de planificación y gestión que priorizan territorios afectados por el conflicto armado, en articulación con el Acuerdo Final de Paz (AFP) de 2016, particularmente en zonas PDET y ZOMAC. Esto permitió -entre otras cosas- avanzar en la garantía de derechos culturales para poblaciones víctimas del conflicto.
Aunque todo lo relacionado con el AFP suele generar controversias de orden ideológico, desde una perspectiva estrictamente de política pública lo realizado fue relevante ya que amplió la manera de concebir e implementar las políticas sectoriales y extendió sus beneficios a actores y territorios históricamente menos atendidos.
En materia de gobernanza cultural existe un problema estructural que limita la acción de cualquier gobierno o Ministerio de Cultura, incluso cuando hay buenas intenciones. Las normas vigentes sobre participación cultural se quedaron cortas hace tiempo; la Ley General de Cultura —Ley 397 de 1997— tiene casi tres décadas, mientras el sector cultural y artístico colombiano ha cambiado, crecido y se ha vuelto mucho más complejo.
Hoy, el Sistema Nacional de Cultura reconoce formalmente como actores de participación a los consejeros nacionales, departamentales y municipales —representantes sectoriales elegidos por votación— y a las entidades culturales nacionales y territoriales, como secretarías, coordinaciones e institutos de cultura. En términos formales, solo estos actores tendrían la potestad de ser consultados y de incidir en las decisiones sobre políticas públicas culturales. Esto deja por fuera a buena parte del sector y, en cierta medida, limita su derecho a participar en la definición de dichas políticas.
Para enfrentar esa limitación, desde hace muchos años atrás el Ministerio ha creado, en distintas dependencias y áreas, instancias y espacios alternos para reconocer e incorporar a más actores culturales en la consulta y toma de decisiones. Un ejemplo es el sector cinematográfico y audiovisual, que cuenta con un modelo de gobernanza amplio reconocido en el Decreto 358 de 2000. En otras áreas o subsectores culturales también existen modelos de participación más amplios pero sin un respaldo normativo, como ocurre con el área de música cuyo esquema de participación funciona desde antes del gobierno saliente.
A mi juicio, la cartera ministerial saliente intentó superar estas limitaciones de la gobernanza cultural mediante distintas medidas, pero lo hizo de manera tardía, desarticulada o sin una visión estratégica. En 2025 se avanzó en la formulación y actualización de los planes de artes de varias áreas —música, danza, teatro y circo—, y en 2026 se logró el capítulo indígena del Plan Nacional de Cultura, la aprobación de la Ley de Música en el Congreso, la radicación de la actualización de la Ley de Teatro y la formulación de un proyecto de ley para la danza. Todos estos esfuerzos políticos y normativos apuntan a consolidar un modelo de gobernanza cultural más amplio e incluyente, con más actores en los procesos de consulta y toma de decisiones.
Un punto central con el que cualquier gobierno se encontrará, es la urgencia que tienen los sectores artísticos y culturales de superar las limitaciones de la gobernanza cultural vigente, principalmente su carácter predominantemente consultivo. Desde hace años, los actores culturales del país reclaman avanzar hacia un modelo de participación vinculante. Esa demanda fue incorporada en el proyecto de fortalecimiento de la Ley General de Cultura —625 de 2025—, que desafortunadamente no fue aprobado este año en la plenaria del Senado.
Queda en manos del gobierno entrante decidir si retoma estos esfuerzos en gobernanza cultural y definir qué rumbo les dará. En todo caso, cualquier avance en participación requiere una perspectiva de largo plazo y debería asumirse como política de Estado, no como logro exclusivo de un gobierno. Nuestro sector cultural es frágil y no resulta estratégico empezar siempre de cero. Los esfuerzos bien orientados, concertados con el sector y construidos con responsabilidad y visión de largo plazo siempre contribuyen a su fortalecimiento.
Pregunta 5 – Las convocatorias públicas siguen siendo el principal mecanismo de fomento cultural en Colombia. A la luz de tu experiencia ¿Qué otros instrumentos deberían fortalecer una política cultural a largo plazo para que los procesos no dependan exclusivamente de convocatorias anuales?
Es necesario reconocer con honestidad que, en Colombia, la inestabilidad de los ingresos en el arte y la cultura ha desdibujado el propósito inicial del sistema de convocatorias. Lo que nació como un mecanismo de fomento y apoyo se ha convertido, en la práctica, en la fuente principal de ingresos para artistas y gestores culturales.
La política sectorial debe seguir fortaleciendo el sistema de convocatorias como mecanismo de fomento, sin que este se convierta en la única fuente de ingresos. Al mismo tiempo, es urgente avanzar hacia mecanismos estructurales, integrales y complementarios que mejoren las condiciones laborales y sociales del sector. Existen modelos adoptados en otros países que vale la pena revisar y evaluar si pueden adaptarse al contexto colombiano.
Francia cuenta desde hace décadas con un régimen jurídico-laboral para artistas y técnicos del espectáculo, uno de los referentes internacionales más sólidos para reconocer la intermitencia laboral propia del sector cultural. Este modelo contempla disposiciones, procedimientos y requisitos orientados a proteger los derechos económicos de artistas y trabajadores de oficios culturales. Sería necesario estudiar si un esquema similar podría implementarse en Colombia o adaptarse a las condiciones laborales de sus distintos ámbitos culturales.
Irlanda también ofrece un referente reciente. En 2022 puso en marcha un programa estatal de ingreso básico para las artes, con un pago semanal dirigido a artistas y trabajadores creativos con práctica activa. Su propósito fue estabilizar los ingresos de un sector marcado por la precariedad y permitir que los artistas continuaran su trabajo sin abandonar el campo por razones económicas. El programa se implementó por fases y con beneficiarios focalizados, y sus evaluaciones han mostrado efectos positivos en el bienestar, la permanencia en el sector y la producción artística.
Esto modelos internacionales son referentes valiosos, pero su adaptación exige tiempo, voluntad política y un análisis cuidadoso. Colombia cuenta con una capacidad fiscal distinta, un sistema de protección social propio y un trabajo cultural marcado por altos niveles de informalidad. Estos, entre otros factores, deberían estudiarse y validarse antes de adaptar cualquiera de esos modelos al contexto nacional. Reitero: en lo cultural y en lo social, nada ocurre en el corto plazo y eso implica contar con políticas de Estado que superen las visiones unívocas y los intereses propios de los gobiernos de turno.